Mientras un exdiputado acusado de pedofilia ocupa las noticias, poco se habla de lo que hay detrás: el abuso sexual infantil y sus alcances. Especialistas trataron el tema en un reciente encuentro y pidieron un abordaje integral para una problemática que afecta a una de cada diez infancias en el país.

              

Viernes, 30 de agosto de 2024

La semana pasada se conoció el caso de una niña de 11 años embarazada: su padrastro quedó detenido. La situación se detectó porque la nena fue al hospital por dolor abdominal. Ocurrió en Santa Fe. Días antes, especialistas de distintas disciplinas habían planteado la necesidad de contemplar el abuso sexual infantil como una problemática de salud pública. El embarazo infantil irrumpe en ese ámbito como una de las manifestaciones más extremas de las formas de abuso. Pero otros indicios, más sigilosos, también pueden ser detectados en un consultorio o una guardia. A veces, por una simple pregunta.

¿Por qué una cuestión de salud pública? “Primero, por el volumen. Por cantidad de niñas –sobre todo- abusadas. Es algo que no se tiene en cuenta, salvo que haya un caso muy mediático. Lo vemos con el caso del acusado que estaba prófugo: todo el mundo dice que le llama la atención. ‘¿Cómo podía ser, si trabajábamos con él?’. Nunca se detecta fácilmente a un abusador”, planteó la médica ginecóloga y directora Ejecutiva de FUSA, Sandra Vázquez. La entidad organizó la Jornada sobre violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes: estrategias de abordaje desde salud y justicia, “con el objetivo de generar un intercambio entre madres protectoras, sobrevivientes, y profesionales de la salud y el derecho, para identificar obstáculos y proponer nuevas prácticas en salud y justicia, que tiendan a la reparación de las víctimas y la restitución de derechos”.


“Como ginecóloga infanto-juvenil les digo a los pediatras que cada 10 niñas, una vivió una situación de abuso. Por lo que si atienden 30 niñas, hay un promedio de tres casos que no están viendo. No lo pueden creer. Detectar un caso de abuso y que ese padre-abuelo-tío es abusador es muy difícil. Es un tema trascendente y hay que tomarlo dentro de la salud pública”, insistió la especialista, en diálogo con Tiempo.

Según datos de Unicef difundidos por Amnistía, 1 de cada 10 niñas, niños y adolescentes sufren violencia sexual en Argentina. Aunque los casos mediáticos son sólo unos pocos, trascienden con frecuencia: horas antes de la detención Germán Kiczka cobró visibilidad una denuncia contra el conductor televisivo Marley. Según el Ministerio Tutelar porteño, el 80% que denunció abusos lo hizo tras una clase de ESI, un derecho de niñas y niños consagrado por la ley nacional N° 26.150. Pero solo el 4 % de los estudiantes de secundaria recibió la totalidad de los contenidos obligatorios de la ESI, herramienta central para identificar abusos.

Nombrar el daño
En el marco de las jornadas Daniela Dosso, licenciada en Trabajo Social y Madre Protectora, apuntó: “El abuso es un problema de salud pública, por el volumen, la gravedad y la frecuencia. Es también un problema de salud mental, por los efectos que se producen. Y es también un problema de derechos humanos, por los obstáculos que hay en el acceso a la justicia. Si solo se denuncian 100 de 1000, y solo se condena 1, esa falta de condena refleja la impunidad de este tipo de delitos. En los casos de abuso sexual paterno filial los niños terminan en revinculaciones forzadas con sus abusadores”.

En cuanto a la necesidad de reforzar las medidas en el ámbito de la salud, remarcó: “La búsqueda de la verdad no empieza en la justicia, sino en el sistema de salud. Cuando en la consulta no se hacen preguntas y no se nombra el daño, se obstaculiza el acceso a la justicia. Lo que hay es una falta de diagnóstico, registro y certificación del abuso sexual en el sistema de salud. El desafío es construir un modelo de atención basado en la detección, derivación a equipo especializado, con accesibilidad, y un sistema de registro en lenguaje clínico-forense para que lo actuado en salud favorezca el acceso de los pacientes a la justicia”.

Para Stella Maris Manzano, médica tocoginecóloga y legista, «es muy importante garantizar la atención en salud. Porque es una decisión muy difícil llevar a un niño o niña a una revisión médica. Entonces es nuestra responsabilidad hacerla, registrarla correctamente, poner palabras que pueda comprender el Poder Judicial. Y si tenemos un niño con HPV u otra infección de transmisión sexual hay que indicar ese mismo examen al adulto, porque son indicadores muy concretos de quién es el abusador». Dirigiéndose a colegas, expresó: “Recomiendo a pediatras y a tocoginecólogas especialmente que hagan la especialización en Medicina Legal. Somos menos de cinco ginecólogas forenses en todo el país. Necesitamos profesionales formadas para certificar los abusos sexuales».

“El tema tiene que ser abordado con capacitación, porque las universidades no nos capacitan para esto. Capacitación a docentes, que son los que primero tienen contacto con las niñas y niños abusados; a los profesionales de la salud, a la gente de la justicia”, propuso Vázquez. Y señaló que uno de los ítems que se trabajó en el encuentro es que haya un vocabulario común para abordar el tema entre los ámbitos de salud y justicia.

Clima de época
Ante casos como el de la niña de 11 años en Santa Fe, Vázquez dijo: “Llevo más de 38 años en el tema y casos hubo siempre. Ahora la detección es un poco más temprana y la Ley de Interrupción Voluntaria planteó la interrupción en embarazos avanzados en niñas. Hay muchos profesionales que se hacen cargo de esa situación, antes hacían la vista gorda. Muchas familias están empoderadas y saben que pueden recurrir a una interrupción. No quiere decir que sea sencillo”. Además, el contexto incide y complejiza el panorama: “Ahora hay como una mirada contra la Educación Sexual Integral por la gestión nacional actual, y contra la interrupción voluntaria del embarazo. Uno escucha ‘si una niña menstrúa y tiene 11 años, la naturaleza es sabia y el embarazo se puede llevar adelante sin problema’. Hay cuestiones científicas que no son tomadas en cuenta y están tapadas por la subjetividad de la gente que hoy nos gobierna”.

“En Casa Fusa vienen a rezar a la puerta. Si les pregunto por qué, dicen que acá asesinamos niños. Trabajamos sobre salud reproductiva, educación sexual integral, interrupción voluntaria del embarazo. Por el momento solo rezan, pero sabemos que pertenecen a un grupo de organizaciones que están muy financiadas y tienen una agenda. En casos de niñas abusadas, cuando se enteran que hay alguien que está pidiendo interrupción del embarazo por violación se acercan a las familias y les dicen que va a correr riesgo de vida la niña. Esa es la lucha que tenemos”.

Desde el cambio de gobierno el cuestionamiento a políticas como la ESI convive con cierta banalización del tema, al menos desde su abordaje en redes sociales. Días atrás, de hecho, el propio presidente Javier Milei retuiteó un posteo en ‘chiste’ sobre el ex diputado misionero Kiczka (de La Libertad Avanza), acusado de pedofilia y mientras todavía estaba prófugo de la Justicia.


Entre otros repudios, Amnistía Internacional Argentina se pronunció sobre el tema: “¿Por qué un presidente NO PUEDE reírse de la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes? Volvemos a explicarlo. Otra vez. El abuso sexual contra las infancias es un problema GRAVE. Como jefe de una nación, el presidente tiene la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para que los niños, niñas y adolescentes vivan libres de violencia, NO REIRSE del abuso sexual contra las infancias”.

“En vez de hacer chistes, el Estado debe tomar medidas enérgicas para proteger a niños, niñas y adolescentes de violencia sexual y garantizar la ESI YA”, reclamó la organización. “Hacer comentarios sobre el Presidente y sus dichos es difícil. Porque es incomprensible. Hacer una broma en relación a cuestiones de pornografía y abuso sexual infantil me resulta difícil de comprender”, planteó Vázquez.

Viernes, 30 de agosto de 2024

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