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Uno de los "amigos” del republicano en América Latina
Bukele visita a Trump: una alianza contra los migrantes
Más de 250 personas han sido deportadas por Estados Unidos bajo acusaciones de terrorismo sin sustento. En El Salvador, las espera la megacárcel de Bukele. El caso de un migrante salvadoreño enviado por error y retenido ilegalmente desató una tormenta legal y diplomática.
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este lunes en la Casa Blanca a su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, su “amigo” en América Latina. El mandatario elogió la colaboración de Bukele en la recepción de migrantes deportados masivamente, acusados de terrorismo, mientras que este último expresó su deseo de ayudar con el "problema del crimen" estadounidense.
Trump agradeció al presidente salvadoreño por encarcelar a cientos de migrantes expulsados por su administración, y echó la culpa a su predecesor, Joe Biden, por haber dejado un legado que considera de "fronteras abiertas" para el país. "Teníamos gente estúpida al mando de este país, y lo que hicieron en la frontera jamás podrá olvidarse. Es un pecado lo que hicieron, y ustedes no están ayudando. Se lo agradecemos", expresó el republicano.
A través de su red social, Truth Social, Trump reiteró durante el fin de semana su entusiasmo por la visita del salvadoreño. “El presidente Bukele ha aceptado con generosidad bajo su custodia a algunos de los enemigos extranjeros más violentos del mundo”, escribió en el mensaje.
El mandatario y miembros de su gabinete han sido particularmente elogiosos con el salvadoreño. Trump, en señal de cercanía, llama "presidente B" a Bukele, quien en el pasado se describió como un "dictador cool" para defenderse de acusaciones de autoritarismo. El derechista es el primer presidente latinoamericano recibido en el Despacho Oval durante el segundo mandato del republicano, siendo que las otras rees fueron realizadas en la residencia privada del magnate, en Mar-A-Lago.
Tras la reunión, la Secretaría de prensa salvadoreña presumió que el país se posicionó como un "aliado estratégico" de Estados Unidos en Centroamérica. "Esta visita oficial evidencia que el país continúa marcando presencia en la política internacional, con resultados tangibles", escribió la dependencia.
Encerrar a miles, para liberar a millones
Desde mediados de marzo, Estados Unidos ha deportado a más de 250 migrantes —principalmente venezolanos— invocando la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, tradicionalmente reservada para contextos de guerra y utilizada por última vez durante la Segunda Guerra Mundial. Según confirmó el lunes el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, el último grupo de deportados, compuesto por diez personas, llegó este fin de semana a El Salvador.
Según la Casa Blanca, el gobierno estadounidense destinó aproximadamente seis millones de dólares al traslado del primer grupo, integrado por más de 200 personas, quienes fueron recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una megacárcel, construida por Bukele, criticada por diversas organizaciones humanitarias por violar los derechos humanos de sus reclusos.
Estas deportaciones han generado controversia legal, ya que muchos de los migrantes han sido vinculados sin pruebas a grupos criminales como el Tren de Aragua venezolano o la Mara Salvatrucha (MS-13) salvadoreña. El caso más notorio es el de Kilmar Ábrego García, ciudadano salvadoreño deportado por un “error administrativo” bajo acusación de ser miembro del tren de Aragua.
El Tribunal Supremo estadounidense ordenó el regreso de Ábrego a Estados Unidos, ya que el mismo cuenta con una orden judicial contra su deportación. Aunque el gobierno reconoció el fallo, se ha negado a acatar la orden judicial que exige su regreso a Estados Unidos.
Ábrego fue deportado en marzo pese a contar desde 2019 con estatus de protección temporal, tras huir de su El Salvador natal por la violencia de las pandillas. Aunque la administración republicana aceptó su error, alega que no tiene jurisdicción para revertir la deportación, por lo que esa responsabilidad recae sobre las autoridades salvadoreñas.
Durante la reunión con Trump, Bukele descartó la posibilidad de devolver a Ábrego a Estados Unidos, pese a la orden del Tribunal Supremo, ya que, en su opinión, se trata de un "terrorista". “Por supuesto que no voy a hacerlo ¿Cómo voy a enviar a un terrorista a Estados Unidos?”, dijo ante la prensa.
El mandatario de derecha reiteró su disposición a colaborar con Estados Unidos en temas de seguridad. “Sabemos que tienen un problema con el crimen y el terrorismo, y si podemos ayudar, lo haremos”, dijo, mientras destacaba que San Salvador ha dejado de ser la “capital mundial del asesinato”. El salvadoreño defendió la política de encarcelamientos masivos afirmando que, al encerrar a miles, “liberamos a millones”, una frase que Trump no dudó en querer apropiarse.
Durante la reunión, y preguntada por el propio Trump, la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, aclaró que el regreso de Ábrego depende exclusivamente del gobierno salvadoreño, dado que el migrante está bajo su custodia. "Eso es cosa de El Salvador si lo quieren devolver, eso no nos toca a nosotros", afirmó Bondi.
Aunque aseguró que Washington facilitaría su retorno si El Salvador lo decidiera, apuntó que Ábrego "vivía ilegalmente" en el país desde 2019 y también lo vinculó con la Mara Salvatrucha, pese a que no tiene antecedentes penales en Estados Unidos.
Aunque el Supremo ordenó el retorno de Ábrego al país, el gobierno federal se excusa alegando que ya no está bajo su control. Miller defendió su deportación argumentando que las órdenes de protección no aplican en casos de organizaciones terroristas, a pesar de que no se han presentado pruebas de que Ábrego pertenezca a una de ellas.
El Departamento de Estado aseguró este lunes que Ábrego está “vivo y a salvo” en el CECOT, tras la orden judicial de proporcionar actualizaciones periódicas sobre su estado de salud y paradero. El funcionario del Departamento, Michael Kozak, confirmó este lunes a NBC su reclusión “conforme a la autoridad soberana de El Salvador”, aunque no dio detalles respecto a su asesoramiento legal, las vías de comunicación disponibles para él o si se habían corroborado sus supuestos vínculos con las organizaciones.
En un informe publicado días atrás, la ONG Human Rights Watch denunció que ambos gobiernos estarían incurriendo en “desaparición forzada” al mantener a los migrantes incomunicados y sin representación legal. Un análisis de Bloomberg refuerza esta acusación, al revelar que el 90 por ciento de los más de 200 migrantes deportados no tienen antecedentes criminales en Estados Unidos.
La Casa Blanca aseguró que no existe un límite pactado para la cantidad de personas que pueden ser expulsadas bajo acusaciones de terrorismo. “Seguiremos enviando terroristas extranjeros a El Salvador y otros países”, sostuvo durante la reunión el subjefe de Gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, considerado arquitecto de la política migratoria de Trump.
“Quedan miles de miembros del Tren de Aragua en este país, o sus afiliados y asociados. Así que, obviamente, una parte de ellos irá a El Salvador como parte de nuestro esfuerzo por erradicar esta organización terrorista extranjera de Estados Unidos", añadió Miller.
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