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SE PROFUNDIZA EL CONFLICTO
El gobierno militariza Aeroparque para derrotar a los trabajadores aeronáuticos

Metió a las fuerzas de seguridad federales a mover valijas y rampas para quebrar los paros provocados por los despidos y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios.

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Viernes, 8 de noviembre de 2024

En su afán de quebrar la resistencia de los trabajadores aeronáuticos, el gobierno anunció este jueves dos medidas. El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó que la decisión de la administración ultraderechista en Casa Rosada es, por un lado, desregular las tareas de rampa y acarreo de equipaje y, por el otro, permitir que las fuerzas de seguridad intervengan en los aeropuertos para llevar a cabo esas actividades en caso de un paro o un conflicto gremial.

El anuncio se hizo mientras en el Aeroparque los trabajadores de Intercargo, la empresa encargada de esas tareas, hacían sus obligaciones «a reglamento», una modalidad de protesta que significa que se siguen puntillosamente las reglamentaciones de la actividad. Esta decisión se tomó tras el despido de 15 trabajadores que se desempeñaban en esa empresa este jueves.

Al mismo tiempo, el Ministerio de Seguridad desplegó un enorme operativo con alrededor de 300 efectivos de la Prefectura Naval, la Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria a fin de provocar un efecto de intimidación sobre los trabajadores aeronáuticos y comenzar allí mismo la intervención de las fuerzas federales para retirar las valijas de los aviones que estaban arribando a Aeroparque.

Tiempo pudo saber que hubo momentos de tensión cuando los integrantes de las fuerzas federales ingresaron a las zonas de Aeroparque donde se desempeñan los trabajadores de Intercargo.

En su exposición, el vocero Adorni describió esta intervención así: las fuerzas de seguridad podrán «explotar en casos de emergencia y de manera temporal y excepcional los servicios aeroportuarios operacionales y de rampa en general».

¿Cuál es el objetivo?
Dentro de La Libertad Avanza y el PRO existe una clara intención de abrir el negocio aéreo. Ese fue uno de los principales objetivos del gobierno de Mauricio Macri y lo es ahora. Ya el DNU 70/2023 tenía un capítulo entero, que sigue vigente, dedicado a la desregulación de esta actividad. La versión original de la Ley Bases incluía la autorización para la privatización de Aerolíneas Argentinas.

Para abrir el negocio aéreo, el gobierno considera que primero debe disciplinar a los sindicatos que se desempeñan en Aerolíneas Argentinas y en los aeropuertos, en particular los gremios de pilotos (APLA), de aeronavegantes (AAA) y de personal de tierra (APA). Eso explica las provocaciones constantes y su profundización. Comenzó con las propuestas salariales que avalaban la pérdida de hasta el 40% del poder adquisitivo y siguió con despidos arbitrarios, los cambios unilaterales en las rutinas de trabajo y las persecuciones y castigos a empleados aeronáuticos, entre otros ataques. Todo ello acompañado de una campaña masiva de insultos y estigmatizaciones a través de los medios masivos de comunicación y las redes sociales.

Los paros que llevaron a cabo los sindicatos aeronáuticos fueron defensivos, en respuesta a las ofensas del gobierno y de la conducción de Aerolíneas Argentinas identificada con el gobierno ultraderechista. La medida de fuerza del miércoles, por ejemplo, fue en respuesta al despido arbitrario de un trabajador.

El proceso que lleva adelante el gobierno incluye la creación de un ambiente de confusión constante. Por ejemplo, el vocero Adorni aseguró que Intercargo es un «monopolio», sin embargo una cantidad de aerolíneas tienen su propio personal de tierra, en particular para sus operaciones en el aeropuerto de Ezeiza. Aerolíneas Argentinas también contrata a Intercargo, aunque también tiene personal propio que hace esas tareas.

La pulseada en la que está embarcado el gobierno implica un ataque a fondo sobre las condiciones de trabajo y la propia existencia de los sindicatos aeronáuticos. No es gratuito ser acusado de «terrorista sindical», como hicieron Adorni y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en la tarde de este jueves.

Se trata de un ataque al derecho de huelga que afecta a todos los asalariados.

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