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El juez dijo que un profesional no tiene responsabilidad en el momento de la crisis
Absuelven al psiquiatra del hombre que acuchilló a un policía frente al Malba
El paciente tuvo un brote violento y también murió, baleado por el agente al que atacó. El hecho ocurrió en septiembre de 2020 y creó gran conmoción. Su psiquiatra fue a juicio acusado por los dos homicidios, pero quedó exculpado.
Martes, 4 de junio de 2024
El psiquiatra Jorge Monforte fue absuelto en un caso que tuvo alto impacto nacional. Se trata de la muerte del policía Juan Pablo Roldán, acuchillado por el paciente psiquiátrico Rodrigo Facundo Roza. Aquel lunes 28 de septiembre de 2020, ambos, el oficial inspector y enfermo psiquiátrico, terminaron muertos por el hecho. Roldán por las cuchilladas; Roza, por los disparos de Roldán. La acusación contra Monforte fue gravísima: que no había atendido como correspondía a su paciente --abandono de persona seguido de muerte-- y que eso derivó en el homicidio del policía. La fiscalía y la familia pidieron penas de cárcel efectivas para el profesional y larga inhabilitación, por la responsabilidad en las dos muertes. Sin embargo, Monforte fue absuelto en un fallo que, según su defensor, Vadim Mischanchuk, “plantea un antes y un después en la atención psiquiátrica”. El juez Carlos Rengel Mirat evaluó que se trató de un caso en plena época de la pandemia, que aun así Monforte atendió varias veces en forma presencial a Roza, que el paciente dejó la medicación y que el fin de semana de la crisis incluso gestionó la intervención de un servicio de urgencias psiquiátricas --hay ambulancias psiquiátricas privadas y del SAME-- pero que Roza se calmó por unas horas y a la mañana siguiente salió al grito de “tengo que matar porque ofenden a los dioses”. O sea, que a un psiquiatra no se le puede adjudicar la responsabilidad en el momento de la crisis, cuando deben intervenir los servicios de emergencia. El fallo fue confirmado por la Cámara de Casación.
Un caso dramático
Monforte empezó a atender a Roza en 2014 y diagnosticó “trastorno esquizofrénico paranoide”. El tratamiento fue bastante regular durante años y la propia familia declaró que Facundo --como lo llamaban-- había mejorado mucho en 2019. Pero después vino la pandemia y todo se agravó.
Para la familia, el proceso fue durísimo. Facundo no tenía antecedentes de violencia de la gravedad de aquel lunes de septiembre. Registraba haber ido dos veces a la embajada de Estados Unidos, una vez en Canadá, en 2011, y otra vez en la Argentina. Se presentó a los gritos y entregó cartas dirigidas a Barak Obama y Donald Trump. En una de esas veces, lo hizo desnudo. Fuera de eso, hubo empujones, insultos, gritos, pero no el uso de un cuchillo.
No solo mató al covid
En 2020 todo se hizo más difícil, primero porque el psiquiatra, Monforte, fue operado del corazón en enero y después vinieron las restricciones a la circulación. Y, además, el psiquiatra contrajo covid en agosto. Pese a esa situación, Monforte atendió presencialmente a Roza varias veces durante la pandemia, incluyendo una consulta presencial el 18 de septiembre, diez días antes de la tragedia.
En el fin de semana del domingo 29 y el lunes 30 se produjo un fuerte agravamiento de la situación. Sucede que Roza había dejado de tomar la medicación y estaba con una especie de ataque de furia, muy difícil de contener para su madre --que vivía con él--, una persona de edad, viuda y con problemas de salud. El juez da por probado que Monforte habló varias veces por teléfono con la familia, les insistió con la medicación y se ofreció a iniciar los trámites con la prepaga para que, de ser necesario, lo internaran. “El fallo deja planteado que un psiquiatra, que atiende espaciadamente a un paciente, no puede tener responsabilidad cuando hay una crisis --explica el abogado defensor, Vadim Mischanchuk--. En ese caso tiene que intervenir el servicio de urgencia. Y, además, no se puede internar así como así. El juez mismo sostiene que la ley requiere que lo decidan dos profesionales. Cuando hay una crisis, el tema pasa al servicio de la prepaga o al SAME, que tienen ambulancias psiquiátricas”.
Lo que dijo el juez
La familia de Roza pidió diez años prisión para Monforte y una larga inhabilitación, mientras que el fiscal Sandro Abraldes razonó que no hubo intencionalidad en la actuación del psiquiatra, pero sí imprudencia. Abraldes pidió tres años de prisión en suspenso e inhabilitación por ocho.
El juez absolvió a Monforte con los siguientes argumentos:
* No hubo abandono de persona ni imprudencia ni negligencia. El psiquiatra intervino en todo momento y no podía saltearse la ley en materia de internación cuando ésta no tiene el consentimiento del paciente.
* El psiquiatra no tiene responsabilidad respecto de que el paciente cumpla con tomar la medicación. "No puede estar presente cada vez que debe tomar una pastilla", resume el magistrado
* La internación no dependía de Monforte, está supeditada a un equipo. El psiquiatra podía activar el pedido y lo hizo comunicándose con la prepaga. Los familiares, el domingo a la noche, frenaron el proceso de internación, porque vieron más tranquilo a Facundo.
* No era imprescindible que Monforte se hiciera presente ese domingo a la noche, porque la situación de crisis debe ser manejada por el servicio de emergencia. Además, Facundo se había ido de la casa y no se sabía por dónde andaba.
* Queda claro que el profesional atendió al paciente durante la pandemia.
* ”Antes del lamentable suceso --dice el juez-- no hubo indicio de semejante violencia. Desnudarse, mover la cabeza, decir incoherencias o algún empujón no pueden considerarse antecedentes violentos”.
El fallo del juez de juicio, Rengel Mirat, fue confirmado la semana pasada por Gustavo Bruzzone y Pablo Jantus, de la Cámara de Casación. Consideraron que la familia de Roza no logró rebatir la postura del magistrado. Un dato llamativo es que el juez Rengel Mirat consideró que los denunciantes --la mamá de Facundo y sus hermanos-- deben ser exceptuados de pagar las costas del proceso “porque es entendible” la situación dramática que los llevó a hacer el reclamo.
Rengel Mirat cierra con la siguiente decisión: "dejar a cargo del Ministerio Público las comunciaciones a las autoridades sanitarias que considere pertinente sobre las falencias e irregularidades del sistema de salud aludidas por los testigos". En una palabra, que se obliga a los familiares a hacer trámites que dilatan la intervención de las ambulancias --insuficiente cantidad-- cuando los minutos son decisivos y marcan la diferencia entre la vida y la muerte.
Martes, 4 de junio de 2024
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