Después de haber trabajado durante cuatro años con continuidad (2018-2022), un trabajador docente en contextos de encierro, denuncia que consiguieron despedirlo —al comenzar si quinto año de trabajo (2023)—, valiéndose de un recurso del aparato policial; un informe producto de su comportamiento frente al maltrato a las personas detenidas, y a los excesivos controles policiales sobre los docentes.

              

Miércoles, 27 de marzo de 2024

Señala la responsabilidad directa del secretario general de SUTECO en la seccional Paso de los Libres (Corrientes), Ariel Schell, hijo de la principal referente de DDHH de esta ciudad, Alejandra Mumbach (Comité Nacional para la Prevención de la Tortura).

Conflictividad

Si bien Nicolás trabajó en tres instituciones penales, los principales conflictos ocurrieron particularmente en la Alcaidía de la Unidad Regional IV de la Policía de Corrientes.
El año 2022 empezó con la pérdida del aula habilitada para desarrollar las clases, a partir de lo cual, pasan a trabajar al interior mismo de la cárcel, donde —para dimensionar el nivel de precariedad—, la mesa utilizada por los estudiantes, no era otra cosa que la misma puerta que se desprendía, y se la colocaba sobre tachos, una situación que se mantiene hasta el día de hoy.
Después de perder el aula, los controles sobre los docentes aumentaron: extendieron la práctica de requisa sobre las pertenencias y la retención de celulares. Frente a esta situación, Nicolás se negaba a la requisa, dejando su mochila en negocios de la zona e ingresando con lo necesario para dar clases, consiguiendo durante una parte del año ingresar con su celular, al explicar los usos dentro del contexto de su trabajo, aunque con el tiempo terminó por volverse imposible también esta posibilidad.

La situación más extrema —a partir de su relato—, llegó cuando en una jornada de trabajo, al ingresar, encontró a uno de los alumnos encerrado, en horario de educación, visiblemente angustiado por el tiempo de encierro y denunciando haber sido golpeado. Nicolás pidió al jefe de guardia que lo saquen de ahí, y al negársele esta posibilidad, decidió colocar un tablero de ajedrez frente a la celda (foto) para poder tener al menos la posibilidad de acompañarlo compartiendo una partida de ajedrez antes de ingresar a su horario habitual. Sin embargo, mientras su clase se desarrollaba, el joven se autolesionó cortándose los brazos en su celda.
Según la denuncia del docente, esta situación se dio no sólo por el comportamiento policial, sino también por la gestión educativa, que nunca lo integró a la escuela, cuando él pidió que se lo incluya, razón por la cual, asistía informalmente.

Nada que hacer ahí

Por ser un joven en situación de encierro, en un marcado estado de abandono, Nicolás cuenta que la
misma semana del incidente, decide asistir exclusivamente a acompañarlo, llevando su tablero de ajedrez, en horario escolar, sin encontrar actividad educativa que pueda ser interrumpida; una hora después llega el coordinador pedagógico, José Alegre —uno de los responsables directos en su despido, según denuncia el docente—, junto a una colega, frente a lo cual, decide retirarse sin interrumpir ninguna clase.
En una discusión de fin del año 2022, a raíz de la cuestión del comportamiento policial, cuenta que este coordinador manifestó que el día que fue a visitar a esa persona, No tenía nada que hacer ahí.

No nos estamos entendiendo

Días después, al llegar al lugar y encontrarse frente a la misma situación de personas encerradas durante el horario escolar, y estando el coordinador presente, según cuenta el docente, decide preguntar si pidió por los alumnos, al decirle que no lo había hecho, Nicolás pide hablar con el jefe de guardia para nuevamente pedir por los alumnos. Era la tercera vez que tenía, según relata, una situación de tensión con este jefe de guardia, que al verlo, lo invita a pasar a una pequeña habitación del lugar, cerrando la puerta tras de sí, dando inicio a lo que no iba a ser un diálogo con la frase No nos estamos entendiendo. Luego de recriminar los pedidos en relación a la escuela, y permitir sacar solo a una persona, le avisa al docente que su comportamiento iba a ser informado a sus superiores.
Fue en la misma reunión de fin del año 2022, cuando el coordinador José Alegre además de informar sobre el acta policial, a raíz del comportamiento del docente, el coordinador utiliza la expresión literal Estoy dispuesto a dar el OK a la policía.

Presos sin condena (y sin educación)

Si bien el Estado correntino afirma que el precario contrato anual, bajo el Plan FinEs (actualmente reconvertido a Plan Taragüí, al interrumpirse los fondos nacionales), habría finalizado el 28 de febrero del 2023, el día 06 de marzo, Nicolás asistió a dar clases, normalmente, en todas las unidades penales, encontrándose con la situación de personas detenidas pidiendo para ingresar formalmente a la escuela. En Alcaidía, ese mismo día, dos colegas presentes en el lugar comentan que José Alegre, alegaba haber hablado con Alejandra Mumbach, y les decía que —en síntesis— la policía podía actuar como lo estaba haciendo: en ese momento, un colega, le aclara que a él la policía incluso le pidió que se quite parte de su ropa.
Para confirmar los dichos del coordinador, el docente decide comunicarse directamente con la comisionada Alejandra Mumbach, pidiéndole que aclare su posición, su respuesta, sintéticamente:
La ley solamente contempla a los condenados, en materia educativa.
Las personas detenidas en Alcaidía, en gran medida, están en condición de procesados. Esta idea fue utilizada como argumento por el mismo coordinador, para impedir el acceso a la escuela de dos personas que lo solicitaron ese mismo día. Tanto la ley de Educación Nacional, 26.206 (el ejercicio de este derecho no admite limitación ni discriminación alguna vinculada a la situación de encierro), como la ley 26.695, dejan en claro que no se admite limitación alguna fundada en motivos discriminatorios, ni en la situación procesal de los internos.

No puedes enviar mensajes porque ya no formas parte de este grupo

La particularidad de la metodología del desplazamiento es que primero suspendieron las clases de todas las unidades penales, los días viernes 10/03/2023, y lunes 13/03/23, alegando inconvenientes administrativos sin otra explicación que esa. El día lunes, al ratificar la suspensión de las clases, avisan la realización de una reunión urgente, al no poder asistir la mayoría de colegas, cuenta Nicolás, que solicita informen por qué suspendieron las clases y el porqué de la urgencia, no dan una sola respuesta, ninguna en absoluto; la respuesta llega casi a las 23:00, en un PDF donde se informa su desplazamiento, junto a otro colega, y segundos después, el coordinador José Alegre lo expulsa del grupo docente de Whatsapp.

Yo lo eché

Pocos días después, un encargado de educación de una unidad penal se comunica con Nicolás, haciéndole saber que el coordinador Ariel Schell se acercó a informar sobre su renuncia.
Según explica Nicolás, una senadora provincial se comunicó telefónicamente con Ariel Schell, para solicitarle información sobre el caso: yo lo eché, fue la afirmación del secretario sindical de SUTECO, frente a lo cual, la senadora le pide explicaciones por haber hecho algo así, no da ninguna que justifique tal decisión.

Un sindicalista y un abogado de Derechos Humanos golpean la puerta

Una situación como esta, para un trabajador despedido, supondría la posibilidad de recuperación de su puesto laboral, pero la historia es otra.
El 10 de agosto, meses después del despido, llegan a mi domicilio los coordinadores Ariel Schell y José Alegre, acompañados por un abogado de DDHH. Se encargaron de traer la notificación del Estado correntino, donde sin dar una sola justificación sobre su desplazamiento, ni responder a los reclamos que estuvo haciendo, se limita a señalar que, básicamente, tiene el poder de hacer lo que hace: precarizar. Azucena Racosta, fundadora de Radio La Cantora, al enterarse de esta situación preguntó a Nicolás si fueron a devolverle el trabajo o apretarlo. No fueron a devolverle su lugar de trabajo. El abogado que trajo la notificación es Oscar Tovani, quien trabaja en conjunto con Alejandra Mumbach en cuestiones de DDHH.

Solidaridades

De distintas formas, personas detenidas que fueron alumnos de Nicolás, y otras que al conocer el caso decidieron acompañar el reclamo, enviaron audios, escribieron notas, e incluso solicitaron personalmente a los coordinadores la reincorporación del docente. También los compañeros docentes que mantuvieron comunicación y mostraron solidaridad. El acompañamiento de Azucena Racosta fue, cuenta Nicolás, uno de sus mayores orgullos y estímulo para seguir adelante.
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y el Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación, tomaron nota de este reclamo.
El CELS elaboró una presentación de Pedido de Acceso a Información Pública dirigido a la Dirección de Educación Permanente para Jóvenes y Adultos de Corrientes (EPJA), a cargo de Sonnia Gracia, a quien indica como principal responsable institucional de su desplazamiento.

El contexto del desplazamiento, según indica, fue el de la violencia que practica el Estado cotidianamente contra los sectores postergados penalizados por el sistema, vulnerando derechos básicos: sin las arbitrariedades que se permiten al incumplir la ley, sin la complicidad de la gestión educativa y de personas vinculadas a DDHH, no hubiera sido posible. El rechazo a las requisas y la solicitud del respeto al derecho a la educación tienen fundamentos legítimos; en cambio, a partir de su denuncia, la metodología utilizada al movilizar un informe policial, cuyo fin habría sido conseguir su despido, —lográndolo efectivamente—, además de no-democrática, es una forma de legitimar el discurso policial dentro del campo educativo, desvirtuando tanto el sentido ético de la educación, como el respeto por derechos fundamentales.

Por Nicolas Marcelino Romero

Miércoles, 27 de marzo de 2024

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