Dictó la falta de mérito a favor de la precandidata presidencial por las imágenes del ex vicepresidente siendo detenido en 2017. Prefectos aseguraron que le enviaron las fotos a Bullrich. Ramos es el magistrado amigo de Marcelo D'Alessandro.

              

Sábado, 13 de mayo de 2023

El juez federal Sebastián Ramos benefició a Patricia Bullrich, presidenta del PRO, ex ministra de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri y actual aspirante presidencial por Juntos por el Cambio, en la causa en la que se investiga la filtración de fotos y videos del ex vicepresidente Amado Boudou en pantuflas, pijama y con lagañas cuando fue detenido en el living de su casa el 3 de noviembre de 2017.

Ramos dispuso la “falta de mérito” a favor de Bullrich, pese a que otras autoridades de la Prefectura Naval (PNA) –que intervinieron en la detención de Boudou- dijeron expresamente que le habían enviado a ella las fotos y los videos que luego fueron desparramados por todos los medios de comunicación.

Para el juez –quien tiene a su cargo la investigación por el viaje de “los huemules” al Lago Escondido, entre ellos su amigo, el ex ministro de Justicia y Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro- las pruebas son insuficientes. Por eso ordenó una medida de carácter casi histórico: buscar todos los teléfonos que utilizaron los involucrados hace seis años y, después, realizar un entrecruzamiento de comunicaciones y tráfico de datos para buscar el origen de la “filtración” a los medios, con el consiguiente escarnio adicional a la detención en sí.

Esa medida de prueba podría demorar años. Tantos, como para que la causa termine prescribiendo. La falta de mérito dictada por Ramos es poco menos que una garantía de impunidad para los acusados.
Las fotos de Boudou detenido
La causa se inició el 6 de noviembre de 2017 por una denuncia del abogado y ex legislador porteño Marcelo Parrilli por los delitos de “violación a los deberes de funcionario público y vejaciones”. El fiscal Juan Pedro Zoni, quien por entonces también investigaba las irregularidades penales en la Causa Correo Argentino, impulsó la acción. Poco después, fue removido de la subrogancia en el fuero federal por el Procurador General Interino eterno Eduardo Casal y apartado de ambos expedientes. Este y el del Correo.

La ¿investigación? permitió establecer “la transferencia de datos iniciada desde el lugar de los hechos de detención de Amado Boudou y a través de presuntamente el celular del prefecto principal Diego Fiorotto, quien habría recibido las fotos y videos in situ por parte de Diego Muñoz, encargado materialmente de obtenerlas, para luego, el primero de los nombrados, enviarlas a su superior Hugo Raúl García.

A su vez, García manifestó habérselas solicitado para enviárselas al en ese momento Director de Inteligencia Criminal de PNA Gustavo Logozzo, quien declaró haberlas solicitado por orden del ex Prefecto General Eduardo Scarzello, el cual dijo que se las habría reenviado personalmente o a través de Logozzo a la ex Ministra de Seguridad Patricia Bullrich con quien compartían comunicaciones formales en razón de los altos cargos que ostentaban en ese momento, tanto en este caso como en otros”.

Es decir que se reconstruyó paso a paso el camino de las fotos y los videos hasta terminar en Bullrich. Si hubo una filtración antes de llegar a la entonces ministra, los autores estaban identificados y debieron ser sancionados, cuanto menos administrativamente. Cuesta imaginar que también los prefectos fueran “cuentapropistas”, como los espías que –según la Cámara Federal- traicionaron a los jefes de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. Cuesta imaginar que un grupo de prefectos traicionaran la confianza de la estricta y dura Bullrich y no padecieran consecuencias por ello.
Según los prefectos
¿Qué dijeron los prefectos acusados en sus indagatorias? Gustavo Roque Logozzo recordó que Hugo García, una suerte de “enlace” del operativo de la detención, “le ordena al grupo de trabajo que estaba en el lugar del allanamiento y detención la toma de fotografías. Esas fotografías, le informé al Prefecto que ya me las habían mandado, yo le di la orden a García que me las enviara, a su vez porque el Prefecto Nacional así me lo había ordenado, porque se las habían pedido a él desde el Ministerio de Seguridad”.

Por si alguna duda quedaba, agregó: “Nosotros teníamos un grupo de whatsapp donde el Prefecto Nacional y yo enviábamos la información de importancia que acontecía a nivel institucional a la Ministra de Seguridad (…) Lo que no recuerdo es si esas fotos se las pasé yo directamente por orden del Prefecto Nacional o si yo se las pasé al Prefecto y él se las envió a la Ministra”. Cuando le preguntaron si envió las fotos y filmaciones a alguien más, respondió: «No, sacando al Prefecto o a la Ministra, por lo delicado del tema, no”.

El ex prefecto general Scarzello recordó que “recepcionadas las fotografías, fueron enviadas al Ministerio por whatsapp”. Y añadió: “no recuerdo si efectivamente las envié yo o le di la orden al Prefecto Logozzo que las enviara porque él también tenía comunicación con la Ministra”. También él aseguró que a nadie más le enviaron el material audiovisual tomado al momento de la detención de Boudou.

Según Patricia Bullrich
¿Y Bullrich, qué dijo en su indagatoria? No pudo recordar detalles de aquel episodio pero afirmó que “aún en el caso en que efectivamente le hubiesen enviado registros del procedimiento, tampoco podía confirmar si se trató de aquellos publicados por la prensa en la mañana del 3 de noviembre de 2017, reafirmando que en cualquier caso no tuvo participación alguna en la comisión de los hechos que se le imputaron”.

Además, señaló que “el aparato telefónico con el cual se obtuvieron las fotografías del licenciado Boudou habría sido extraviado poco tiempo después del procedimiento”. No hubo repreguntas sobre esa oportuna pérdida del celular.

El juez Ramos le creyó todo. Sobre todo cuando la precandidata presidencial “expresó que por razón de su cargo, pudo haber recibido información, pero que no podía asegurar, entre otras cuestiones, que sea la misma que fue publicada por los medios de comunicación”.

Las pruebas no fueron suficientes para el juez Ramos. Por eso ordenó otras. “Resulta conducente, por un lado, actualizar todas las líneas telefónicas, tanto oficiales como personales que fueron utilizadas ese día por los presuntos intervinientes en los hechos materia de pesquisa y una vez obtenida esa información en su totalidad se procederá a solicitar un informe de especialidad tendiente a ubicar la transferencia que hubo de datos en el instante concomitante en que se publicaron las fotografías y videos de la detención de Amado Boudou en la mañana del 3 de noviembre de 2017”.

Fuente: Tiempo Argentino

Sábado, 13 de mayo de 2023

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