La organización de Estados Americanos salió a respaldar al mandatario peruano luego de que solicitó una reunión para impedir la "grave alteración del orden democrático" que, según él, busca la oposición de derecha.

              

Viernes, 21 de octubre de 2022

La Organización de Estados Americanos (OEA) expresó este jueves su "apoyo y solidaridad" al presidente de Perú, Pedro Castillo, y decidió el envío de un "grupo de alto nivel" a ese país, después de que el mandatario, con varias causas judiciales por corrupción en su contra, pidiera ayuda para superar la crisis política.

En una sesión extraordinaria en Washington, el Consejo Permanente, órgano ejecutivo de la organización, adoptó por aclamación la resolución de "respaldo a la preservación de la institucionalidad democrática" en Perú y llamó "a todos los actores" a actuar dentro "del estado de derecho".

La OEA designó a "un grupo de alto nivel conformado por representantes de los Estados miembros, en concordancia con la Carta Democrática Interamericana, para que realice una visita al Perú con el fin de hacer un análisis de la situación" y luego informe de ello al Consejo.

Fue en respuesta a un pedido del propio presidente, que solicitó activar los artículos 17 y 18 de la Carta Democrática Interamericana, un instrumento aprobado en 2001 para promover los principios democráticos entre los Estados de la región.

El artículo 17 contempla que un país pueda "solicitar asistencia para el fortalecimiento y preservación de su institucionalidad democrática" si considera que "está en riesgo" y el 18 permite visitas y gestiones para analizar la situación, siempre que lo autorice el gobierno afectado.
Castillo pidió a la OEA "iniciar un proceso de consultas con todas las fuerzas políticas, los poderes del Estado y las fuerzas sociales" en busca de "un camino que impida una grave alteración del orden democrático en el Perú".

Desde que asumió, en julio del año pasado, Castillo ya enfrentó dos intentos de destitución de parte del Congreso -dominado por la oposición de derecha-, que además lo obligó a cambiar a varios ministros.

Además, el presidente está sometido a seis investigaciones fiscales por presunta corrupción, de la que también se acusa a su círculo familiar y político más cercano.

La semana pasada, la Fiscalía denunció a Castillo formalmente ante el Parlamento, un proceso que puede conducir a un antejuicio político y la suspensión del presidente, quien se considera víctima de una campaña para sacarlo del poder. De hecho, en su pedido a la OEA advirtió sobre la chance de un "golpe de Estado" en el país.

Pero la OEA respaldó al gobierno peruano y la "preservación de la institucionalidad democrática" y remarcó que todas las instituciones del Estado están subordinadas constitucionalmente a la autoridad civil.
Se declaró, además, dispuesta a "brindar apoyo y cooperación" mediante gestiones "para promover el diálogo y el fortalecimiento de su sistema democrático de gobierno", según las agencias AFP y Sputnik.

El miércoles por la noche, en un mensaje a la Nación, Castillo había renovado su denuncia de intentos de la oposición de derecha de destituirlo ilegalmente.

Explicó entonces que solicitó la reunión del Consejo Permanente de la OEA para impedir la "grave alteración del orden democrático en el Perú" y que el proceso debería servir "para encontrar, con los buenos oficios de la comunidad internacional, un camino que impida" ese corte de la institucionalidad.

La solicitud formal del gobierno peruano se presentó el 12 de octubre, pocos días después de que la OEA, la organización que reúne a todos los países de América, celebrara en Lima su Asamblea General.
Y el Consejo Permanente anunció el miércoles la sesión que llevó a cabo este jueves en el Salón de las Américas de su sede en Washington.

En su mensaje, el presidente peruano reiteró que existe un intento de "golpe de Estado" a través de la denuncia de la Fiscalía, que está siendo evaluada por el Congreso.

"La nación enfrenta momentos difíciles. Graves acusaciones se repiten, tan graves como inconsistentes, como es la denuncia constitucional presentada por la fiscal general de la nación", dijo Castillo miércoles por la noche, informó la agencia de noticias Europa Press.

Según la Fiscalía, el presidente de Perú sería el máximo responsable de una organización criminal activa en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para favorecer al consorcio Puente Tarata III y a otras compañías en procesos de licitación pública.

El Congreso envió de inmediato una carta a la OEA para manifestar su disposición a dialogar y explicar la "situación real" de la política en el país.

"El Congreso de la República envió hoy una carta a la OEA expresando su disposición al diálogo para explicar a los representantes de ese organismo la situación real del país, y el pleno respeto a la Constitución", indicó el parlamento en un comunicado. La carta lleva la firma de Williams y está dirigida al Jan Willem, titular del Consejo Permanente de la OEA.

“Estamos llanos a poder recibirlos y pensamos que va a ser bueno que vengan, que hablen con la Fiscalía que, con toda seguridad, tiene muchísimo que decir y muchísimo que informar; que hable con el Congreso. Obviamente tenemos muchas cosas que decirle; seguramente va a hablar con otras instituciones, con la prensa”, señaló Williams, según el diario El Comercio.

Mientras, Estados Unidos dijo que está atento a la situación en Perú y juzgó "vital" la rendición de cuentas para cualquier democracia.

"Continuamos monitoreando de cerca la situación política" en Perú, señaló el vocero del Departamento de Estado, Ned Price ante la prensa, oportunidad en la que consideró que la OEA "puede servir potencialmente como un socio en este proceso".


Viernes, 21 de octubre de 2022

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