La diputada Any Pereyra presentó una iniciativa que impulsa la creación de tres organismos especializados en la problemática. "Hay una demanda de la sociedad de establecer una política criminal que erradique la violencia contra la mujer", dijo la legisladora a época.

              

Domingo, 24 de abril de 2022

En un contexto de profundas reformas procesales en Corrientes y una necesidad de optimizar el tratamiento expeditivo y efectivo de los casos de violencia de género y abuso sexual, se presentó un proyecto legislativo que busca ayudar en la atención integral del flagelo. La iniciativa apunta, básicamente, a crear tres fiscalías especializadas en violencia de género, familiar y abusos sexuales, con competencia para intervenir en la recepción, investigación, seguimiento y esclarecimiento de hechos que presumiblemente puedan constituir un delito. En otras palabras, busca brindar un aporte específico en la misión general de dar respuesta al reclamo de erradicación de la violencia contra la mujer,

"Hay una demanda de la sociedad en su conjunto de establecer una política criminal que erradique la violencia contra la mujer. Y yo como legisladora elaboré una propuesta para optimizar la gestión de las causas de violencia de género y abuso sexual para brindar una mejor respuesta creando un cuerpo fiscal de investigación especializado en la temática para una escucha efectiva y de una sola vez a la víctima", resaltó a época la autora del proyecto, la diputada provincial Ana María Pereyra Cebreiro.

El proyecto impulsa la creación para la capital de la provincia, en el marco de la Ley Orgánica del Ministerio Público, de tres fiscalías especializadas en violencia de género, familiar y abusos sexuales. Las mismas "tendrán competencia exclusiva para intervenir en la recepción, investigación, seguimiento y esclarecimiento de hechos que presumiblemente puedan constituir delito que involucren la violencia familiar, de género y abusos sexuales, según los términos de la Ley 26.485, adherida por Ley N° 5.464. Asimismo serán de su competencia aquellos hechos que no constituyan delito cometidos en el contexto de violencia de género y familiar", especifica la normativa propuesta por Any Pereyra.

Un aspecto clave en el impulso de la iniciativa se lee en un fragmento de los fundamentos de la misma: "En función de lo expuesto, los legisladores debemos preguntarnos, ¿siendo el procedimiento de atención de los casos de violencia de género y de abuso sexual de esta manera, se está brindando una escucha efectiva a la víctima? ¿Se condice con el principio de acceso a la Justicia hacer concurrir a la víctima de tan aberrantes delitos a las oficinas judiciales tantas veces a expresar, contar y detallar una situación dolorosa en tal estado de vulnerabilidad?".

En este sentido consigna: "Hemos estado escuchando permanentemente a los especialistas decir que debe evitarse la victimización secundaria de las mujeres vulneradas, ya que no puede ser peor el remedio que la enfermedad, y es que escuchando a estas personas se puede comprender por qué prefieren callar".

Momento ideal
En los fundamentos del proyecto, la diputada Pereyra advierte que "el momento histórico que nos toca vivir en la provincia de Corrientes, nos sitúa en una posición de profundos cambios y movilizaciones propias que conlleva la reforma del sistema procesal. Es a nuestro criterio el momento ideal para elaborar proposiciones y opciones que optimicen la gestión de las causas de violencia de género y abusos sexuales". Además, "es menester una modificación aggiornada a los requerimientos del justiciable y a políticas criminales que esgrimen como objetivos principales ‘erradicar la violencia contra la mujerº; para que ello no quede en una mera expresión se precisa el rediseño de las estructuras del Ministerio Público Fiscal, en especial la creación de un cuerpo de investigación especializado en la temática".

En otro tramo de los fundamentos de la iniciativa, considera que "a raíz de la escucha efectiva a las víctimas de violencia de género y de abusos sexuales se puede inferir que es imperiosa la especialización de las oficinas, que las mismas deben reunir todas las causas existentes referidas a la problemática".

Multiplicidad
"La diversidad de lugares en los que las víctimas denuncian conlleva a que muchos antecedentes se pierdan en las distintas reparticiones fiscales", alertó y en este sentido ejemplificó: "Lo que no llegó a constituir delito y por ello se archivó en una fiscalía correccional, puede llegar a ser el antecedente de un femicidio".

Al respecto señala que "existen un sinnúmeros de delitos que se cometen en el contexto de violencia de género (...) que no se investigan en el contexto que merecen, se archivan por no constituir delito o se investigan como delitos simples, sin enmarcar en el contexto correspondiente y prescriben por el transcurso del tiempo. Lo que deviene en desgaste jurisdiccional. Los distintos tipos de violencia como la psicológica, sexting y económica, en la actualidad no son investigados por ninguna fiscalía".

Es por eso que "se propone que estos delitos –cometidos en contexto de violencia de género y abusos sexuales-, sean recepcionados, investigados y acusados por una fiscalía especializada", la cual "debe contar con un plantel de profesionales de diversas ramas –Gabinete Científico-, para poder abordar la temática en un todo", concluyó la legisladora del PL.

PROPUESTA SUPERADORA PARA LA ATENCIÓN DE VÍCTIMAS

Any Pereyra también destacó en los fundamentos de su proyecto: "Sostenemos que los delitos de violencia de género, violencia doméstica y abusos contra la integridad sexual deben ser investigados por la misma unidad fiscal especializada".

"Párrafo aparte merece hacer mención que el abuso sexual no es más que una de las formas que toma la violencia contra las víctimas mujeres" por lo cual -además- "entendemos que debe reverse la forma de estudio del tipo delictivo del abuso contra la integridad sexual de las mujeres partiendo de la base de que todo abuso sexual es violencia de género".
Entiende que la fiscalía especializada, con estas atribuciones, es "la propuesta superadora encaminada a brindar el mejor servicio en atención a las víctimas, dar correcto seguimiento a cada caso, expedición en las medidas cautelares, tutela efectiva de los derechos de los menores involucrados, así como también en la correcta recopilación de hechos/evidencias que aunque no lleguen a constituir delito merecen una resolución judicial o deben ser prolijamente reservados", resaltó.

Fuente: Diario Época, Gustavo Lescano



Domingo, 24 de abril de 2022

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