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Masiva movilización en Corrientes pidiendo una Justicia democrática

Se realizó en la ciudad de Corrientes la marcha pidiendo la Renuncia de la Corte Suprema de la Nación, por el fin del Lawfare, la Democratización de la Justicia, y una Justicia Democrática, Popular y con Perspectiva de Género.

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Miércoles, 2 de febrero de 2022

Fue masiva la movilización del 1F pidiendo la renuncia de los cuatro miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se replicó a lo largo y ancho del país. Participaron decenas de organizaciones sociales, políticas, sindicales y de derechos humanos.
Documento Leído

— Por la Renuncia de la Corte
— Por el fin del Lawfare
— Por la Democratización de la Justicia; Por una Justicia Democrática, Popular y con Perspectiva de Género

Este 1º de Febrero, al igual que en todo el país, marchamos en Corrientes para exigir la renuncia de todos los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Nos movilizamos por una profunda reforma que democratice la Justica en Argentina; para que la Justicia deje de ser un instrumento más del poder económico que pretende un país de rodillas a los intereses imperiales.
Nos manifestamos hoy por una Justicia independiente de los poderes, que sea popular y con perspectiva de género. Exigimos que cese el Lawfare y que se libere a los más de 40 presos y presas políticas que siguen siendo perseguidos en nuestro país.

Este accionar de la Justicia que repudiamos se puede detallar en diversos mecanismos denunciados:
Las prisiones preventivas ilegales; Las causas armadas y las clonadas o paralelas contra dirigentes;
El fórum shoping (Juez amigo) causas que caen en manos del mismo Juez por amañados sorteos o conexidades rebuscadas;
Las pericias fraudulentas y procedimientos sobreactuados;
Las pruebas ilícitamente obtenidas que se legitimaban por la prensa y el uso ilícito de actividades de inteligencia interna, siendo la Corte la encargada de las escuchas; La tolerancia cómplice con el funcionamiento de una “Gestapo” y las Mesas Judiciales.
Esta misma Corte permitió que se extorsionara a los supuestos “arrepentidos” que declaraban lo que sea para no quedar detenidos; y que se filtrara información judicial sensible y falaz a los medios de comunicación favorables a la fake news (información falsa) y al LawFare (guerra judicial);
Los vínculos ilegales con los servicios de inteligencia; El espionaje ilegal (escuchas y seguimientos);
Las sincronizadas visitas de jueces al anterior presidente Macri para coordinar persecución;
La desvergonzada protección actual a todo funcionario de ese gobierno anterior que impide investigar los numerosos delitos denunciados;
Las continuas visitas de Jueces a la Embajada Norteamericana con viajes incluidos y una agenda contraria a los intereses argentinos de su función;
Los manejos espurios de los cuatro ministros de la Corte, dos de ellos que aceptaron ser nombrados por decreto, que sólo se esfuerzan en incrementar su propio poder y patrimonio, auto votándose, avanzando sobre los otros dos poderes del Estado, permitiendo el generalizado descontrol judicial que protege intereses económicos y mediáticos inconfesables, sin pagar impuestos y fijando su propio sueldo sin rendir cuentas de ningún tipo;
Una Corte machista sin ninguna mujer, que impide el cumplimiento obligatorio en los tribunales de la Ley Micaela.
Una Corte acostumbrada a la “prevaricación”: a dictar Fallos que saben son contrarios a la Ley al Derecho y que garantiza que Fiscales y Jueces que cometen delitos probados continúen siendo parte de la institución. Tolerando, en complicidad con el Procurador General Interino, el traslado y expulsión irregular de Jueces y Fiscales que desean cumplir con la Ley y la Constitución, para disciplinarlos y castigarlos.

La Corte Suprema ya superó todos los límites tolerables por el Estado de Derecho y la Democracia, permitió la violación del principio de inocencia y de libertad durante el proceso, con el uso y abuso de la “doctrina Irurzun” por la cual se encarcelaron ilícitamente decenas de dirigentes políticos, sociales y sindicales por razones ideológicas; Y con su inacción interesada pretende convalidar el endeudamiento ilegal con el Fondo Monetario Internacional - FMI - a pesar de las oportunas denuncias presentadas y la amenaza estratégica a nuestra Nación que esa deuda fraudulenta significa.

Mientras las causas de DDHH sufrieron atraso por el cuello de botella que estableció esta Corte, más allá del esfuerzo de algunos tribunales que avanzan con los Juicios de Lesa, este poder judicial es el que garantizó hasta hoy la impunidad de genocidas civiles como “Carlos Blaquier” del Ingenio Ledesma y tantos otros. Esta Corte como golpe de gracia, sobre el fin de año, sentencia el fin del Concejo de la Magistratura de manera tal de manejar la designación y remoción de los Jueces en todo el país.

Nuestra Latinoamérica, es víctima de esta práctica antidemocrática de la Justicia y de su "guerra judicial", orientada desde el Norte imperialista para condicionar las políticas de los gobiernos populares y encarcelar referentes populares, relanzando fuerzas represivas para criminalizar la protesta y generar así desestabilizaciones institucionales, “golpes blandos” que desplacen la voluntad popular, e imputaciones falsas y persecuciones injustas contra funcionarios para que, temerosos de su suerte, cumplan con esos intereses antipopulares y antinacionales.

Todas esas prácticas cuentan con el apoyo y complicidad de los medios monopólicos de Comunicación de la Argentina que tratan de ocultar minuciosamente cada uno de los elementos oscuros de este descalabro judicial y de naturalizarlo.

En Corrientes también sufrimos una Justicia que no respeta los Derechos Económicos, Sociales, Culturales, es clasista, selectiva y oligárquica, que garantiza los intereses de los poderosos y rechaza reclamos de los justiciables más humildes dificultando su acceso real a la Justicia. En nuestra provincia la Justicia viene siendo un instrumento al servicio del poder político, aliado del poder económico conservador de siempre, para perseguir a dirigentes y organizaciones políticas, sociales y sindicales opositoras. Antes que se invente el concepto de “guerra judicial” o Lawfare, ya esto pasaba aquí.

Como muestra vale destacar el caso de Angelina Lesieux quien es víctima de Lawfare en Corrientes, sigue detenida desde hace años, ahora con prisión domiciliaria. Armaron su causa desde el programa de televisión de Majul bajo el título "pueblo chico corrupción grande " y con Margarita Stolbicer armando ese guión, y una Fiscal que manifestó en ocasiones odiarla con testigos traídos por ella que salían huyendo de los periodistas porque no podían sostener lo que decían en el Juicio y, por supuesto, las condiciones inhumana de detención que Angelina sufrió, con 23 hombres detenida y compartiendo baño, incluido un asesino confeso junto a ella que la torturaba con gritos de amenazas todo el día.

Sin la posibilidad de hablar con nadie no se nos permitía hablar la única vía de comunicación eran esquelitas y su enfermedad grave que no era tratada ni asistida, hasta incluso terminar descompensada al borde entre la vida y la muerte, y este destrato inhumano contra ella solo cambio cuando los organismos de Derechos Humanos se hicieron presente y lograron su traslado.
También mencionar, el último caso de persecución política, la situación de Guillermo Galantini, defensor de Derechos Humanos y dirigente de Monte Caseros detenido luego de interceder en un violento desalojo de una familia que se quedó sin sus viviendas en las que habitaban hace 50 años. Estuvo detenido más de dos semanas de manera ilegal, convirtiéndose en otro preso político hasta su liberación.

Por este caso, el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la FIDH y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), exigió a las autoridades nacionales “poner fin a todo acto de hostigamiento y criminalización en contra de Guillermo Galantini, y del conjunto de personas defensoras de derechos humanos en Argentina, y garantizar su derecho al debido proceso”. Así como muchos otros casos del Lawfare correntino de persecución política y sindical.

En Corrientes, no se discute la pertenencia política de los Jueces y Fiscales son todos oficialistas (con claras excepciones que confirman la regla), hasta los más conservadores de los abogados y abogadas reconocen que gran parte de los Jueces están a “golpe de teléfono” para “resolver” cualquier tipo de cuestión que el Gobierno y los grupos económicos amigos necesiten. Un ejemplo de ello: los trabajadores judiciales concretan el aumento salarial después de una protesta masiva, pero no cobran lo acordado con el Superior Tribunal durante meses porque el Poder Ejecutivo no habilita los fondos, o sea no hay autarquía financiera real del Poder Judicial.

No puede ser que aún no se cumpla con la separación del Ministerio Publico: el Fiscal General es jefe de los fiscales y los defensores, a su vez el Gobernador de hecho, se comporta como el jefe del Fiscal General y de los Jueces del Superior. Cabe tener en cuenta que tal separación, está prevista en la Reforma Constitucional del 2007, luego el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y por último el fallo de la Corte Provincial, la que determinó la responsabilidad del Poder Ejecutivo en la concreción de tal división. La independencia de la Defensa del Ministerio Público debe ser garantizada ya que es uno de los pilares en la vigencia de los Derechos Humanos para protección y atención de los sectores eternamente postergados: privados de libertad, personas con discapacidad, personas sin derechos sociales básicos, niños y adultos mayores, inmigrantes, LGTB, mujeres.

No podemos dejar de mencionar que la atención de los privados de libertad se encuentra en un 80% en manos de la Defensa Pública. Impulsamos una justicia que, además de la independencia de la Defensa del Ministerio Publico y demás estamentos del Poder Judicial, garantice a todos los ciudadanos la vigencia y protección de sus derechos, que también controle y sanciones cuando un profesional en el ejercicio de su labor incurra en negligencia o mala praxis. Las poblaciones vulnerables deben tener asegurado su acceso a la justicia y no se puede amparar ni tolerar la impunidad en casos de conductas antiéticas que perjudique las funciones de la defensa judicial de cualquier ciudadano.

En nuestra provincia la Justicia avala la violencia estatal, el gatillo fácil y las violaciones a los Derechos Humanos, cuyas víctimas son en su mayoría, los jóvenes que pueblan las barriadas populares de la ciudad Capital y la provincia de Corrientes. Un Poder judicial que no tiene control sobre la Policía y mira para otro lado favoreciendo la impunidad de la violencia institucional.

En Corrientes, hubo 64 muertes por responsabilidad directa o indirecta del aparato represivo estatal en los últimos 10 años. El caso más reciente es el de Lautaro Rosé, un joven de 20 años que fue perseguido por la Policía de Corrientes en medio de una razzia en la zona de la Costanera Sur que murió ahogado en el Río Paraná cuando trataba de escapar de los disparos de la policía. En el 2021, se contabilizaron cinco casos de este tipo, todos en la ciudad de Corrientes, tres ocurrieron en contexto de encierro: la muerte de Exequiel “Manchita” García por golpiza del Servicio Penitenciario, así como el joven Kevin Candia por ejemplo. A lo que se suma el asesinato de Daniel Gómez, -baleado por una agente del Grim- entre muchos otros.

Corrientes tiene los índices sociales más bajos del país y la solución del poder político -en complicidad con el judicial- es criminalizar la pobreza. Esta Justicia llena las cárceles con infractores humildes en condiciones inhumanas de detención, violando su función de garante en el cumplimiento de los estándares internacionales de Derechos Humanos dispuestos por Constitución Nacional.

El carácter patriarcal que tiene la Justicia en Corrientes no solo se limita a la inexistencia de mujeres en la conformación del Superior Tribunal de Justicia, sino al calvario que significa para cualquier mujer que prospere una denuncia por violencia de género, en el mejor de los casos con medidas insuficientes que llegan tarde. La primera reacción del Poder Judicial provincial es transformar a la víctima en victimaria. Por ejemplo, el poder judicial carece de una oficina de atención a las mujeres víctimas de delitos, lo que atenta contra sus derechos acceso a la Justicia.

También se observa la connivencia de la Justicia con el poder político, cuando un ex asesor del gobernador Gustavo Valdés, Manuel Sussini, camina tranquilo por las calles de Corrientes luego de ser denunciado por doble abuso sexual contra dos adolescentes.

Con nuestra movilización queremos destacar el derecho de la Sociedad a expresarse y rechazar todas las prácticas ilegales de funcionamiento de la Justicia y la persecución política; exigimos el fin del lawfare y la libertad de todas las presas y presos políticos; que cese el funcionamiento clasista del Poder Judicial para que el poderoso sea juzgado si corresponde y el pobre tenga el mismo derecho de acceder a la Justicia y amparar sus derechos.

Demandamos el fin de este sistema compuesto de masculinidades y misoginia que bloquea el acceso a justicia a Mujeres y Diversidades en un ámbito en el que ni siquiera se implementa integralmente la Ley Micaela.

Exigimos una Justicia independiente que se construya desde la cercanía y compromiso con la comunidad, defendiendo y tutelando sus intereses colectivos, acogiendo los amparos y demandas en defensa de los recursos naturales estratégicos de la provincia y el cuidado del medio ambiente, cuyo reconocimiento legal no encuentra espacio en nuestros tribunales.

Reclamamos una Justicia para todas las personas, defendiendo adecuadamente los derechos y garantías constitucionales de hombres, mujeres y niñxs, en especial de los ciudadanos más vulnerables; que tutele los intereses y la soberanía de nuestro país frente a los poderes foráneos y que no legitime con su inacción prácticas aberrantes violatorias del Estado de Derecho y de la Democracia.

Basta de una Justicia monárquica, patriarcal, colonizada, que defiende ricos poderosos y estigmatiza a los pobres, socios en la depredación del pueblo y los recursos naturales que nos perteneces. Demandamos una profunda Reforma Judicial donde el pueblo pueda elegir a los miembros de la Corte Suprema de Justicia a través del voto popular y otros cargos menores y la reválida de sus capacidades cada determinado tiempo. Mientras ello se construye como nuevo sistema judicial, en proyecto y fuerza popular para consagrarlo, inmediatamente se puede ampliar la Corte Suprema con paridad de género y con salas especializadas, y nombrar al Procurador o Procuradora de la Nación, por simple ley se puede reestructurar el Ministerio Publico.

Estamos seguros que esta gran cantidad de personas con capacidad crítica que saldrá a la calle, esos trabajadores perseguidos, esas mayorías de ciudadanos que sufren día a día a este sistema de Justicia injusto sin ley ni derechos respetados, seguiremos en estado de alerta y movilización permanente, para sostener la fuerza popular todo el tiempo que haga falta hasta alcanzar la victoria de este masivo movimiento autoconvocado y organizado que presentamos hoy en todo nuestro territorio federal.

Estamos acá, todas y todos, para que se vaya la CSJN y para la nueva Justicia en Corrientes que necesitamos.

Organizaciones que adhirieron

CTA
-SUTECO / CTERA
- ATE
-Partido Comunista
- Ateneo Liberación
- Hijos Corrientes
- Espacio de Memoria RI 9.
- MEDHES Goya
- Asociación por la Memoria , la Verdad y la Justicia de Paso de los
Libres
- Casa de los Derechos Humanos de Curuzú Cuatiá
- Asociación por la Memoria , Verdad, Justicia y DD HH de Mercedes
- Liga Argentina por los Derechos Humanos. LADH
- Asoc. de ex Presos Políticos de Ctes.
- Asamblea Defensores de los Espacios Públicos Costeros de Ctes.
- Movimiento Evita
- Movimiento Somos Barrios de Pie
- Justicia Legítima Nordeste
- Democracia Cristiana Corrientes.
- La Cámpora
- FTV Corrientes
- La Colectiva
- Nuevo Encuentro
- Frente Grande
- Proyecto Sur
- Kolina
- UPCN
- APAY/ Fetia Ituzaingó
- Movimiento Universitario Evita
- Proyecto Cultural Maíz
- U.N.A.V. (Unión Nacional de Artistas Visuales)
- Cooperativa de Comunicación Mombe' Uhá.
- Programa Radial "A la Hora Señalada"
- SADOP
- Corriente Peronista Eva Pueblo
- Frente Barrial CTA
- Tupac Amaru
- Movimiento Militancia Barrial
- Frente Unidos Libres Social Interbarrial
- La Dignidad
- Frente Transversal NyP.
- Movimento Cultura Viva Comunitaria.
- Cuidadores de la Casa Común
- CTA Esquina
- Partido UP - Instrumento Electoral por la UNIDAD POPULAR
- FeNaT - Federación Nacional Territorial
- MAP - Movimiento de Acción Popular
- ANUSATE Corrientes
- CTA Autónoma
- Asociación Correntina de Docentes Provinciales ACDP / CEA
Confederación de Educadores de Argentina.
-CODEJU - Coordinadora por los Derechos y la Justicia de Monte
Caseros
- Identidad Corrientes
- Radicalismo Popular Correntino

Fuente: Nuevamiradacorrientes.com

Miércoles, 2 de febrero de 2022

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